91 municipios requieren intervención estatal inmediata: Unidad para las Víctimas

La Unidad para las Víctimas reveló los municipios con necesidad imperante de recibir atención por el Estado en cuanto a derechos básicos, como educación y vivienda digna. Más del 70 por ciento de ellos son del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), definidos como prioritarios en los acuerdos de paz en 2016.

La Unidad para las Víctimas, a través del Modelo de Intervención Territorial Integral (MITI), develó la clasificación más reciente de las poblaciones, tanto la general como afectadas por el conflicto armado, acorde a la satisfacción de sus necesidades básicas y en derechos humanos, reportando que 91 municipios del país tienen una “necesidad alta” de ser intervenidos por el Estado de forma “inmediata” en los componentes “humanitario, de reparación y de necesidad de oferta“, explica la entidad.

De acuerdo con los resultados reportados, los 10 municipios que se catalogan con mayor afectación son Buenaventura (Valle del Cauca), Riosucio y Carmen del Darién, en Chocó; Riohacha (La Guajira), El Charco, Barbacoas y San Andrés de Tumaco, en Nariño; Puerto Leguízamo (Putumayo), así como Guapi y Timbiquí, en Cauca.

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El modelo clasifica las necesidades de los territorios en riesgo alto, medio o bajo. La necesidad alta implica que el Estado debe intervenir los tres componentes de forma articulada e inmediata.

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Adicionalmente, el 73 por ciento de ellos son del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo cual evidencia el estado de vulnerabilidad e insatisfacción en derechos humanos de las regiones más afectadas por el conflicto armado.

En el mapa de los resultados también se evidencia la tendencia histórica de la costa pacífica, La Guajira, Putumayo, el nordeste antioqueño, el Catatumbo y Arauca como algunas de las regiones más afectadas tanto por el conflicto como por la ausencia del Estado.

En el caso de Buenaventura, la entidad detectó déficits “imperantes” en entrega de atención humanitaria de emergencia, en el cumplimiento de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los sujetos étnicos, en la generación de ingresos, en la reparación de los sujetos colectivos, entre otros.

Para la costa nariñense, conformada por 10 municipios, el 80 por ciento de estos se encuentra en nivel de priorización alto y el 20 por ciento restante, en el medio. Es decir que los municipios de esta zona requieren intervenciones integrales que involucren a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, las cuales incluyen medidas de prevención y protección de nuevos hechos victimizantes y agilizar los procesos de reparación integral, así como llevar planes, programas y proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida de la población.

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La estrategia MITI de la Unidad para las Víctimas, de reciente creación, pretende definir las necesidades específicas de los municipios en áreas como la educación, la salud, la vivienda digna, entre otras, con el fin de llevar la intervención del Estado tanto a las víctimas del conflicto armado como al resto de la población.

La directora de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas, Nathalia Romero, explicó: “El MITI pone en evidencia que hay 91 municipios donde los desafíos son mayores y convergen situaciones críticas, lo que demanda una intervención integral y articulada por parte de todas las entidades del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) y del Estado en general, con mayor urgencia”.

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Romero, sin embargo, hizo la salvedad de que dicha clasificación no implica que las regiones con menor puntaje no requieren atención: “De hecho, el modelo proporciona información que ayuda a las entidades a definir dónde y cómo priorizar su oferta de acuerdo con su misionalidad y objetivos”.

El modelo se desarrolló basado en fuentes como las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, el Índice de Riesgo de Victimización, los resultados de pobreza monetaria y multidimensional; el número de confinamientos, las comunidades étnicas, los planes de retorno, reubicación y reparación colectiva; el acceso a derechos básicos de la población, entre otros.

Basada en los resultados, la Unidad para las Víctimas hizo un llamado al Gobierno nacional y los entes territoriales a consultar la herramienta como insumo en sus ejercicios de planeación para 2024, con el fin de “trabajar de forma conjunta y llevar oferta institucional que garantice el acceso y restablecimiento de los derechos de la población en los territorios más afectados por el conflicto armado o en alto riesgo de sufrir hechos victimizantes“.

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