El Uribe de la Emergencia Social advierte de “monopolio estatal absoluto” con reforma a la salud

El expresidente Uribe, líder ideológico de la oposición, se sumó a quienes han hecho reparos al proyecto —incluida la coalición de Gobierno—, que está en cabeza del Ministerio de Salud y fue presentado ante el Congreso el pasado viernes.

Álvaro Uribe, expresidente de la República y líder ideológico del Centro Democrático, partido opositor de Gustavo Petro, formuló una lista de sus preocupaciones con respecto al proyecto de reforma al sistema de salud adelantada por el Gobierno de Gustavo Petro, en cabeza de la ministra del ramo, Carolina Corcho.

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Para Uribe, eliminar las empresas promotoras de salud (EPS), que se encargan de administrar la prestación de servicios a los usuarios con los recursos del sistema, “terminará marchando lo poco que deja de privado y de cooperativo” y “se consolidará un monopolio estatal absoluto”.

El Estado actualmente gira los dineros a las EPS privadas, mixta (Nueva EPS) y a las Empresas Sociales del Estado (ESE) para que estas contraten prestadores (instituciones prestadoras de servicios o IPS) que atiendan a los usuarios. Sin embargo, con la reforma, los dineros les llegarían directamente a estas últimas, sin intermediación de las promotoras que, argumenta el Gobierno, son uno de los muchos focos de corrupción en el sistema.

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Pero el exmandatario no es el primero en plantear esa inquietud. Por su parte, la ministra Corcho ha dicho en repetidas ocasiones que la reforma no modificaría la afiliación estatal y universal en el que todos aportan de acuerdo a sus capacidades y reciben —en teoría— los mismos servicios; ni la unidad por capitación (UPC), monto que el Gobierno destina anualmente para la atención de cada afiliado: casi 1.300.000 pesos en el régimen contributivo y un poco más de 1.100.000 pesos para el subsidiado (cifras que la reforma unificaría).

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Pero la eventual desaparición de las promotoras privadas ha tocado muchas fibras sensibles.

En ese sentido, los mismos partidos Liberal, La U y Conservador presentaron otro proyecto basado en el del Gobierno, pero en el que las EPS tendrían un componente mixto (público y privado) y un control menor sobre los recursos públicos y el actuar médico.

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Monopolio estatal versus privado

Sin embargo, a pesar de los temores del expresidente, el sistema de salud en el país ya está en camino a la concentración de los servicios de salud: durante el Gobierno de Iván Duque —reportó la Supersalud —, nueve millones colombianos tuvieron que ser redistribuidos a diferentes entidades, luego de que solo en este periodo 14 EPS fueron liquidadas. Además, a septiembre de 2022, la Superintendencia tenía 11 intervenidas y, a noviembre del año pasado, la deuda a las IPS públicas y privadas superaba los 16 billones de pesos.

Y es que, a octubre del año pasado, las mejores EPS en la lista anual del Ministerio, como Sanitas y Sura, adeudaban a los prestadores 587.326 millones y 1.471.057 billones de pesos, respectivamente. La mejor librada fue Empresas Públicas de Medellín, con una mora de 4.554 millones.

Uribe también advierte que dicha estatificación del sistema llevaría a que la atención de los usuarios dependa “de la orientación política” de quienes administren los prestadores, es decir, las instituciones que el Estado contrate para estos servicios. Incluso advierte que, con dicho “monopolio estatal”, “las EPS quedarán sin administración de riesgos ni racionalización de recursos”.

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Adicionalmente, sin dar una explicación clara del porqué, el exmandatario señaló que los pacientes con problemas para acceder a los servicios tendrán que acudir a los políticos locales, en vez de la tutela (la cual el texto de la reforma no modifica).

“En la práctica, en lugar de acudir a la acción de tutela, habrá que pedir ayuda a los políticos cercanos al Gobierno nacional o local”, afirmó el también exsenador.

Para Uribe, “el deterioro del sistema de salud, a causarse por el monopolio (del) bolsillo estatista, obligará a las personas a gastar más de su bolsillo o a quedarse sin atención”.

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El rabo de paja de Uribe

Es esperable que el expresidente defienda el modelo que ayudó a instaurar, pues fue ponente en el Senado de la Ley 100 que actualmente rige, entre otros, el sistema de salud colombiano, y que fue elaborada durante el Gobierno de César Gaviria y puesta en marcha en el de Ernesto Samper; en este último se crearía el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben).

En 30 décadas también ha habido, en comparación con el sistema anterior, avances muy importantes en cuanto a cobertura, tanto poblacional como de servicios, ya que antes de 1993, solo la población trabajadora tenía cobertura, la cual estaba en manos del Instituto del Seguro Social; el resto debía costearse su salud o acudir a hospitales públicos —aun más desfalcados que en la actualidad— o la beneficencia.

Pero el senador que ayudó a materializar el sistema de América Latina en el que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, sus usuarios gastaron menos dinero de su propio bolsillo en salud en 2020, tuvo que enfrentar el colapso financiero del mismo, consecuencia de la corrupción rampante por parte de actores públicos como privados a los que la Ley permite restringir ad libitum los recursos que reciben del Gobierno.

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En esos ocho años, además, no solo el entonces Plan Obligatorio de Salud o POS (hoy Plan Básico de Beneficios, PBS) no tuvo ninguna actualización, sino que la única solución de ‘fondo’ para abordar el déficit financiero en el sistema fue los Decretos de Emergencia Social, expedidos en 2009, en cabeza del entonces ministro de la cartera, Diego Palacio, y que la Corte Constitucional desarticuló al ratificar que un Gobierno solo puede declarar una Emergencia Social cuando la crisis no es previsible y se puede enfrentar con leyes o reformas constitucionales. Aun entonces, al final del octenio de Uribe, los problemas en el sistema de salud ya eran de vieja data.

Al respecto, el doctor Francisco Rossi, director del Invima hasta el pasado mes de marzo, y uno de los mayores conocedores del sector farmacéutico en Colombia, alertó en 2010 que, de implementarse los Decretos: “El país asistirá a un carrusel de corrupción en el que captan mucho dinero las EPS, las IPS y las industrias comercializadoras de medicamentos monopólicos de alto costo; poco dinero algunos médicos y la cuenta la pagan los ciudadanos”.

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Por su parte, el doctor Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana en 2011, expresó que los Decretos de Emergencia Social presentados por el Gobierno constituían “una maniobra final que no afecta a quienes se apropiaron de los recursos de la salud sino a los pacientes (restringiendo su derecho a la salud), a los médicos (constriñendo su libertad de prescripción y autonomía profesional) y a la población de más bajos recursos (fijando mayores cargas tributarias)”.

Incluso el entonces procurador general de la Nación y aliado político del expresidente, Alejandro Ordóñez, le pidió a la Corte la inexequibilidad de los Decretos.

Ahora, Diego Palacio, ministro de Salud en los dos periodos presidenciales de Uribe, luego condenado a seis años y medio de cárcel por cohecho en el marco de la ‘yidispolítica’, se unió en febrero de este año a otros seis de sus homólogos (incluyendo el antecesor de la ministra Corcho, Fernando Ruiz) y envió al Ministerio de Salud un derecho de petición, antes de que el texto oficial del proyecto de este Gobierno se hiciera público, argumentando que hay “mejoras importantes y avances adquiridos que la reforma estructural al sistema de salud debe identificar y mantener”.

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