¿El cartel del fútbol? Vetos y listas negras en el mercado colombiano

En los próximos días la SIC decidirá si acepta la particular denuncia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que señala a los clubes de usar prácticas anticompetitivas en el mercado de los jugadores.

En las oficinas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reposa, desde hace dos semanas, una denuncia que, de prosperar, podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza para las instituciones que regulan el fútbol profesional colombiano. Y todo indica que en los próximos días la entidad dirá algo al respecto. Es más, algunos dicen que ese pronunciamiento es inminente.

Se trata de un documento, elaborado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que reúne pruebas que demostrarían que los clubes usan prácticas anticompetitivas para gestionar el mercado de los futbolistas. Prácticas que, según los demandantes, se asemejan a las de un cartel empresarial y que estarían “auspiciadas por la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor”. 

Aunque Acolfutpro ha preferido mantener en reserva los detalles, todo indica que de fondo hay un tema que la misma asociación y algunos jugadores han venido denunciando ante la opinión pública desde hace unos diez años. Se trata de los supuestos vetos de los equipos profesionales a algunos futbolistas que renuncian por falta de pagos, a los que incluso pondrían en listas negras para evitar que algún otro club los contrate. 

Puede leer: Rápidos y furiosos: padres e hijos que la ‘rompieron’ en la Fórmula 1

La teoría es que ese tipo de acciones conjuntas, que incluso contarían con la aprobación de la Dimayor y la FCF, configuran una cartelización. 

Ya en el pasado, la SIC ha sancionado con multas a varios carteles empresariales, como el de los pañales o el del cemento, debido a que los fabricantes se ponen de acuerdo para establecer un precio común y así monopolizar el mercado. Jairo Rubio Escobar, apoderado de Acolfutpro, ha explicado que en este caso se presentaría algo similar, aunque los clubes no acuerden precios, sino listas negras de jugadores. 

“Cualquier condición de comercialización de un producto o un servicio por parte de los diferentes actores económicos de una industria debe adoptarse de manera autónoma e independiente, y no en consenso. Si se adopta en consenso no existiría competencia, sino lo que se denomina un cartel”, dijo en una entrevista con Blu Radio. 

El tema ha generado revuelo porque Rubio Escobar es un hombre bastante experimentado en el tema de competencia. De hecho, estuvo al frente de la SIC entre 2003 y 2007. 

Por eso, mientras el mundo del fútbol está a la espera de una decisión o de un pronunciamiento por parte de la Superintendencia, Diario Criterio recuerda algunos casos que podrían ser parte de la evidencia que la SIC tiene en sus manos. 

Nelino Tapia y el Boyacá Chicó 

Este caso, que ocurrió a finales del año pasado, terminó con un acuerdo amistoso entre las partes. Hoy, de hecho, Tapia sigue en el equipo ajedrezado. Durante muchos meses, sin embargo, la disputa contractual se ventiló en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Todo comenzó porque Tapia, quien juega en el Boyacá Chicó desde 2018, renunció el 1 de diciembre de 2020 aduciendo que el club había dejado de pagarle su salario y le debía el 50 % de lo acordado desde mayo de ese mismo año. 

El Chicó, sin embargo, no aceptó esa renuncia como válida. En cambio, envió una carta (firmada por Ricardo Hoyos, el presidente) en la que les avisaba a los otros clubes afiliados a la Dimayor que Tapia tenía un contrato a término fijo con la entidad, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021.

Le puede interesar: Gobierno no solo quiere 23.4 billones con la reforma; va por la Regla Fiscal para poder gastar más

En ese entonces la Acolfutpro consiguió una copia de la carta y la publicó en su cuenta de Twitter. Allí mismo denunciaron que, además de incumplir sus obligaciones contractuales, el Chicó mentía para “incluir a Tapia en una lista negra para que no sea contratado”. 

Jermain Zidane Peña y Hernán Luna Gómez del Unión Magdalena

Otro caso muy parecido y con un final menos feliz fue el de los futbolistas que jugaron con el Ciclón Bananero hasta diciembre de 2020. Peña y Luna terminaron el contrato con el club aduciendo incumplimiento en las condiciones del contrato, debido a que el Unión Magdalena les había dejado de pagar el 100 % de su salario (por la pandemia). 

Peña le contó al portal deportivo Grueso Calibre que intentó despedirse en buenos términos de Eduardo Dávila, dueño del club (quien actualmente está en la cárcel por homicidio y está vinculado a otro proceso penal), pero que este lo amenazó. “Me dijo que me ahorrara las palabras y que comiera mierda, ‘va a ver usted que no va a jugar más en el fútbol colombiano'”. 

Unos días después, el equipo utilizó la misma fórmula del Boyacá Chicó y envió una carta a otros clubes informando que Peña y Luna tenían contrato vigente con el club. Allí explicaron que hacían ese anuncio porque supuestamente existían personas inescrupulosas que seducían a los jugadores “para posteriormente ubicarlos en cualquier club del país ofreciéndoles todo tipo de prebendas”. 

Y a pesar de que había varios equipos detrás de estos jugadores, ninguno se atrevió a contratarlos. En la actualidad se encuentran en el exterior. 

Otros antecedentes

A pesar de que estas conductas han sido denunciadas por Acolfutpro, ni las autoridades del trabajo ni la Superintendencia de Industria y Comercio las han sancionado hasta ahora.

En 2012, por ejemplo, el Real Cartagena utilizó el mismo modus operandi del Unión Magdalena y del Boyacá Chicó. Fue cuando los futbolistas José Nájera y Rafael Pérez terminaron sus vínculos con el club a finales del 2011 porque los directivos les debían más de dos meses de salarios. 

En el equipo dijeron que eso no era cierto y no aceptaron la renuncia, acusando a los jugadores de dejarse “lavar el cerebro” por supuestos “empresarios inescrupulosos”. 

También enviaron una carta al resto de clubes diciendo que ambos tenían contrato vigente, por lo que nadie más los podía contratar. El propio Nájera lo denunció en El Universal, de Cartagena: “Hay un pacto entre presidentes de clubes para que jugadores que renuncien no jueguen en ningún equipo en Colombia”. 

En 2013 sucedió algo similar con el Deportivo Pereira. Siete jugadores renunciaron por el incumplimiento en los pagos de seis quincenas. Amparados en la ley, que según ellos les otorgaba la facultad de hacerlo en esos casos, se lo notificaron al club.

Le puede interesar: La Copa América de la discordia: Argentina duda y Colombia insiste

El conjunto Matecaña, sin embargo, desestimó esas renuncias y envió el mismo formato de carta a los otros clubes informando que Fredy Machado, Francisco Córdoba, Luis Alexander Mosquera, Wilmer Parra Cadena, Miguel Vargas, Cristian Camilo Garcés y Deiner Córdoba tenían contrato vigente.

“Lo anterior a fin de que se informe a los clubes asociados para que se abstengan de suscribir contratos con los mencionados”.

En ese entonces, la Acolfutpro dijo: “Estas son las prácticas monopólicas que atentan contra los derechos de los futbolistas colombianos. Prácticas ilegales que buscan restringir nuestros derechos, porque las autoridades de control e inspección así lo permiten”.

El reglamento bajo la lupa

Además de las listas negras, hay otro asunto que la asociación tiene entre ojos desde hace dos años. Se trata de la renegociación de los estatutos y los reglamentos de los clubes y la Dimayor  que, según ellos, no fueron hechos teniendo en cuenta la opinión de los futbolistas y contienen normas que restringen la libre competencia. 

En septiembre de 2019 Acolfutpro presentó un pliego de peticiones a la Dimayor y la FCF, en donde está incluido el tema de los reglamentos. Las entidades, sin embargo, no han aceptado sentarse a negociar. Su justificación es que el tema debe ser manejado directamente entre los jugadores y los clubes. 

La disputa casi genera un paro de futbolistas a mediados de 2019. Este no se llevó a cabo porque, al final, intervinieron el Gobierno y la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la Organización Internacional del Trabajo (Cetcoit). Pero actualmente, y ante la falta de voluntad para negociar, la asociación está tramitando una querella ante el Ministerio de Trabajo. 

Al final, todo está en manos de las autoridades, que tendrán que definir si estas conductas son ilegales y si, en dado caso, ameritan algún tipo de sanción. La respuesta podría llegar pronto. Y si no, que lo diga el superintendente Andrés Barreto, quien ya estuvo tuiteando sobre el tema: