Viacrucis por los contratos de prestación de servicios

Camila Rivera GonzálezCamila Rivera González

En este relato, la autora narra algunas de las dificultades e injusticias poco afines con el derecho laboral, que padecen los contratistas por prestación de servicios vinculados por el Estado. Un tema que debe posicionarse en la agenda de los candidatos presidenciales y del próximo gobierno.

El desempeño laboral de aquella mujer, al igual que su carrera universitaria habían sido meritorios. Ahora lo era su capacidad para saltar precipicios entre uno y “otro contrato por prestación de servicios” con el Estado.

La especialización que ha alcanzado luego de seis años de vinculación con una entidad pública se llama: “Diligenciamiento de papeles y trámites inútiles“.

Gracias a ello ha sobrevivido al abismo del desempleo y engrosando las filas de esclavizados modernos.

Con lo que gana, vive, y su imposibilidad de ahorro trunca sus sueños de hacer un verdadero posgrado o de comprar su propia vivienda. Guarda lo poco que le sobra al mes para soportar los tiempos de sequía laboral en medio del “estrés por incertidumbre” que ahora diagnostican los médicos. Además, ¿qué banco le hace un préstamo con esa inestabilidad?

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La vida se le convierte en un círculo agotador: angustia-contrato-aguante-angustia-contrato- aguante … Sin parar. Porque el único derecho de los contratistas, así trabajen tanto o más que un funcionario, es laborar como cualquier asalariado bajo el vil eufemismo de “prestador de servicios“, para que los contratantes no tengan que hacerse cargo de su seguridad social, ni de primas, ni de cesantías, ni de licencias por duelo o por enfermedad o por embarazo. Mucho menos tienen derecho a vacaciones. ¡Faltaba más, trabajen vagos!, mantengan la hacienda del Estado, y si se dejan preñar, se jodieron, y si se les muere un familiar llórenlo mientras mueven la máquina, y si se enferman, no importa, cumplan sus obligaciones contractuales.

A pesar de eso, ese 31 de diciembre ella insistía en agradecerle a su dios por el trabajo que, con intermitencias, sumó ocho meses del año que se cerraba; por sobrevivir otros cuatro sin ingresos; por la promesa de un nuevo contrato; y por recibir esa oferta un mes antes de terminar el anterior. Muchas veces los contratistas del Estado, a pocos días de terminar su contrato, aún no saben si los volverán a contratar. Le apuestan sin garantías a una renovación y tampoco tienen as bajo la manga.

Pero ella se aferra a ese cúmulo de palabras que expresaron la intención del “jefe” de renovarle el contrato. Va entre comillas porque a pesar de que un prestador de servicios no es un subordinado como sí lo son los empleados con contrato laboral, le toca seguir órdenes bajo otro eufemismo: “orientaciones”. Pero no cumpla y verá lo que le pasa. Resignada, para apaciguar su pensamiento en el ocaso de ese año en el que empezó el viacrucis con las mismas estaciones de siempre, se dice a sí misma “será confiar en él”.

Primera estación: el aguante

La máxima duración de los contratos por prestación de servicios con el Estado es de 11 meses, debido a el corte “anual” del presupuesto. De ahí que ella, entre noviembre y diciembre suela quedarse sin contrato. Penuria que se extiende a enero, y a veces a febrero, ya que el proceso de contratación depende de una burocracia flemática.

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Claro, si le cumplen la promesa y en los primeros días del año recibe la “solicitud de papeles” que puede depender de su desempeño; o de la “voluntad” del “jefe”; o del gobierno de turno (si votó o votará por los que están en el poder); o de que exista un padrino político que le “colabore”; o de que “demuestre compromiso” trabajando sin remuneración durante diciembre y enero a pesar de no tener contrato, pero sí la “comprensión” de que en el Estado los procesos no paran.

“Ayúdame que yo te ayudaré“, resuena el eco del viejo chantaje en la oficina del director.

De todo eso no se habla abiertamente. Mencionarlo puede desvanecer la ilusión de un nuevo contrato. El estado del miedo. Por supuesto que no siempre es así, de hecho, ella ha logrado que la contraten por su excelencia profesional, a diferencia de muchos que no tienen ningún tipo de experiencia en los temas ni en las obligaciones del contrato que les generan, y menos aún estudios relacionados con el mismo, pero que están allí por el sistema de “corbatas“, clientelas y corrupción sobre el que opera el Estado.

Personas que no trabajan, pero que aparecen cada fin de mes a cobrar sus honorarios y que, acostumbrados a eso, alguna vez le preguntaron a ella “de qué senador era”, porque en su comprensión de lo “normal” las personas están vinculadas al Estado solamente si son cercanos a un capataz político.

El caso es que la época de pólvora y villancicos que invade su barrio, se vuelve un amasijo de deudas e incertidumbres: “¿Será que sí me contratan?; y si no, ¿con qué pago el arriendo?”. Una fuente inagotable de angustias que solo se alivianan con los billeticos que le regala su familia en Navidad, y que termina destinando al pago de facturas y pendientes.

El 15 de enero suena y vibra su teléfono móvil. La espera no fue en vano.

Segunda estación: paciencia

Ella ingresa a su correo y encuentra un mensaje: “Respetada doctora, cordial saludo. Por medio de la presente, me permito adjuntar el listado de documentos necesarios para dar inicio al proceso de contratación por prestación de servicios en la vigencia del año 2022″ (…). El barroco institucional en su esplendor. Algo que se podría decir con una frase, se extiende a dos párrafos con las palabras más horrorosas y las composiciones gramaticales más estrafalarias posibles.

Aunque no entiende por qué le vuelven a pedir los mismos documentos que la entidad le ha solicitado 14 veces en los últimos seis años, lee con atención por si hay un nuevo requerimiento (en las entidades públicas la creatividad se desborda en el diseño de formatos y procesos inoficiosos):

1. Hoja de vida actualizada en el portal SIGEP – función pública (el cuál nunca funciona y se debe tener doctorado para su diligenciamiento).
2. Copia de la cédula al 150% (¡por qué demonios ampliada!).
3. Certificado Bancario (¡¿De nuevo?!).
4. Copia del RUT (¡¿otra vez?!).
5. Certificado de afiliación a salud y pensión (ella se la costea y si no, no le pagan, ¡Obviamente está afiliada!).
6. Copia de tarjeta profesional (¡cuántas veces ha dicho que su carrera no expide eso!).
7. Certificados laborales (¡los ha entregado 14 veces!).
8. Certificados de estudios (¡no tiene nada nuevo que reportar y la entidad los tiene!).
9. Certificados de antecedentes de: policía, fiscales, disciplinarios, y medidas correctivas (se lo piden por un contrato de chichiguas y ¿no se lo piden a los delincuentes que sí tienen antecedentes y les dan contratos millonarios? O ¿cómo hace esa gente que evidentemente tiene antecedentes?).
10. Formato de información de terceros (el tedio en cuatro hojas y un día de diligenciamiento).
11. Formato de declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses actualizado.

Una eternidad ¡inútil!, o, acaso, ¿cuántos contratos de miles de ceros no les han dado a parejas y familiares de funcionarios que tienen abiertamente conflicto de intereses? No es sino repasar los escándalos de este Gobierno en dicha materia, entre los que se encuentra el de la esposa de un asesor de la jefa de gabinete de la Presidencia de la República, a quien le dieron 17 contratos que sumaban más de 1.200 millones de pesos para ejecutar en un año, aún cuando su esposo era funcionario de la Casa de Nariño. Infame.

“¡¿De qué sirven todas estas resmas de papel con tinta?!”, dice ella mientras respira profundo y se entrega a obedecer. Entre más rápido envíe los papeles, se supone que más rápido saldrá el contrato.

La procesión hasta la segunda estación del viacrucis termina, pero el calvario continúa.

Tercera estación: angustia

Le piden que compre la “póliza” para asegurar el cumplimiento del contrato y que pague el “examen preocupacional” que también es requerido para “iniciar actividades“.

Sí, hay que pagar para trabajar bajo la parafernalia de “asegurar el cumplimiento” de un contrato que no supera los 50 millones al año, a diferencia de aquellos de más de ocho ceros que firma tanto ladrón fino, y que sí ameritan póliza. Como si la premisa fuera que el prestador de servicio de menor cuantía es un “avión” (muy a la colombiana) que puede incumplir y alguien debe responder. Ella solo piensa “y ahora ¡¿dónde me levanto la plata para pagar esa maldita póliza?!”.

Pero el dinero que debe conseguir no es solo ese, también debe costearse el examen médico preocupacional que se realiza con la misma exhaustividad con la que un vigilante revisa las carteras a la entrada de un centro comercial. No sirve para nada y solo pasa en Colombia.

Angustiada, les pide de nuevo a sus parientes que le presten plata para pagar esos absurdos y para subsistir un mes más sin trabajo, porque por nimiedades le han devuelto tres veces los papeles para corrección y ya han pasado 15 días de febrero sin ingresos. A pesar de su especialidad en “Diligenciamiento de papeles y trámites inútiles“, y de que ya tenía una carpeta con la mayoría de documentos, aparecieron formatos adicionales por llenar, un nuevo decreto que cambió las reglas de juego, y un funcionario quisquilloso a cargo de su proceso de contratación que se inventó requisitos adicionales como muestra de una superioridad que no tiene, a costa del sufrimiento ajeno. Despreciable.

Cuarta estación: destello

Ella ve un claro de luz: la firma del contrato el 21 de febrero.

Desde entonces, va a la entidad todos los días a pesar de que un prestador de servicios no tiene por qué cumplir horarios ni ir necesariamente a la oficina. De hecho, es tanta la gente que trabaja por prestación de servicios en el Estado, que los puestos de trabajo no dan a basto, y ella no cuenta con escritorio ni con computador institucional. Por lo que llega bien de mañanita, antes de cualquier funcionario o contratista, para encontrar con mayor facilidad un espacio en el cual sentarse a trabajar incómodamente con su portátil. Aquel que debe cargar todas las madrugadas de su hogar a la oficina y, ya casi de noche, devolverse con él en el TransMilenio para llegar a casa a continuar trabajando horas extras así no se las paguen y sea ilegal.

Es una trabajadora impecable e incansable. Por eso su “jefe” le delega las responsabilidades que algunos funcionarios públicos, impregnados de desidia, se resisten a realizar o lo hacen mediocre o parsimoniosamente, porque no tienen afán ni presiones (ahí sí de sus jefes) para ser diligentes. Cuentan con la seguridad de un cargo del que difícilmente los pueden destituir. Son pocos, pero les hacen mucho daño a los procesos institucionales (que repercuten en la sociedad) y a los contratistas con las sobrecargas de trabajo. Pero recordemos la última obligación que siempre tienen los contratos por prestación de servicios: “Las demás inherentes al objeto contractual y/o que sean necesarias para su cabal cumplimiento”. Con la cual se justifican una cantidad infinita de labores que pueden o no corresponder al objeto pero que, si no se cumplen, puede verse en riesgo la futura renovación.

Al fin se acaba febrero y ella diligencia al menos cuatro extensos formatos para que le paguen los ocho días que trabajó ese mes. Sin embargo, no ha tenido recursos para pagar la seguridad social de esa semana de trabajo, y sin entregar ese comprobante no le pagan. Otra vez debe acudir a sus familiares a que le presten platica. La deuda sigue creciendo.

Comprobante en mano, y luego de un par de devoluciones de los formatos por equivocaciones en el diligenciamiento, logra tramitar el pago para empezar a tapar huecos. Tendrá que esperar un mes más para recibir los honorarios completos y comenzar a pagar, de a pocos, los préstamos de sus familiares.

A pesar de todo, ella se siente privilegiada de tener un trabajo. La verdad sí es un privilegio en un país como Colombia. Así que agradece (como los miles de contratistas que trabajan con el Estado) la procesión y se preparara para los viacrucis que se repetirán cada vuelta al sol y cada cambio de luna.

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