Violencia de género se usó como mecanismo de represión en el paro nacional, advierte la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado investigar con prioridad los casos de violencia de género durante las manifestaciones. Mujeres indígenas y afrodescendientes, así como personas LGBTI, están entre los más afectados.

La CIDH recibió reiteradas denuncias de actos cometidos por miembros de la fuerza pública que “indicarían la utilización de la violencia de género como mecanismo de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI”. 

Así quedó establecido en el informe presentado por la Comisión y en el que se advierte que la violencia basada en género no solo habría sido ejercida contra personas que estaban protestando, sino también contra aquellas que se encontraban en zonas aledañas. (Lea aquí el informe)

El caso de Alison Salazar, la joven de Popayán que denunció por Facebook haber sido víctima de violencia sexual por parte del Esmad, antes de quitarse la vida, o la de la uniformada que habría sido violada y agredida en Cali por civiles, hacen parte de los dolorosos episodios de violencia que deja el paro nacional. Estos son los casos más conocidos, pero no son los únicos. 

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Indepaz y Temblores ONG, con corte al 28 de junio, denunciaron 28 víctimas de violencia sexual durante los dos primeros meses de paro. Para esa misma fecha, la Policía tenía reporte de once casos de violencia de género, mientras que la Defensoría del Pueblo, en el informe entregado a la CIDH, registró 106 que incluían 23 denuncias de violencia sexual. 

Una de las recomendaciones del informe de la CIDH es sistematizar los datos de “manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil”, teniendo en cuenta que hasta el momento no hay inconsistencias entre unas cifras y otras.

Violencia sexual y otras denuncias de violencia de género

“Las jóvenes narran que los policías las hacen correr por un parque mientras les gritan ‘las vamos a violar, qué bueno lamerlas’, o comentarios como ‘mechudas, ¿qué hacen por acá? La próxima vez que las veamos las vamos a violar´”, le contó a Diario Criterio hace varias semanas Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer.

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Las mujeres policías también son víctimas de estas violencias. Algunas narraron a la organización feminista las agresiones a las que fueron sometidas: “Cuentan que las obligan a hacer cuclillas o a lavar baños desnudas; eso es violencia sexual”.

Historias como estas y otras sobre tocamientos durante la detención, amenazas de violación y abuso sexual fueron escuchadas en mayo por la CIDH. Las mujeres también denunciaron que agentes de la Policía las calificaron de vándalas o guerrilleras por manifestarse. Incluso, una mujer habría recibido un disparo “a quemarropa contra su parte íntima, lo que le habría causado graves lesiones”. 

El informe destaca los relatos de mujeres indígenas que aseguraron ser agredidas y estigmatizadas por sus expresiones culturales y ancestrales. Una de ellas, en Puerto Madera, Cali, contó que policías la transportaron en una motocicleta para después violarla y agredirla físicamente. 

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La CIDH también conoció el caso de un hombre gay en Barranquilla que fue detenido de manera arbitraria y violentado sexualmente. Mujeres trans en Tunja y Pasto también denunciaron agresiones físicas y sexuales por parte de la fuerza pública. 

Afros e indígenas

La violencia basada en género contra mujeres afrodescendientes es alarmante. A la CIDH le presentaron 15 casos de este tipo en el marco de las movilizaciones. De ahí que la organización recordó los riesgos específicos “a los que se encuentran expuestas las mujeres afrodescendientes e indígenas debido a la discriminación racial y estructural” a la que han estado sometidas históricamente. 

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Las vulneraciones de niñas y mujeres indígenas y afro —recuerda la comisión— impactan de manera colectiva, “produciendo graves quiebres en el tejido social y aumentando la sensación de indefensión e impunidad”. 

El Estado colombiano afirmó a la CIDH que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer trabaja para identificar, acompañar y activar rutas en los casos de violencia contra las mujeres durante el paro. El informe resaltó que la Fiscalía adelanta acciones para enfrentar la violencia sexual. 

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Frente a las denuncias, la comisión le recordó al Estado la obligación de investigar los hechos “tomando en cuenta el principio de debida diligencia reforzada”. Asimismo, pidió garantizar a las víctimas acceso a justicia y reparación. Es de suma importancia que la investigación se realice con perspectiva de género “interseccional con otros factores de discriminación”. 

La organización recordó las graves consecuencias que se pueden generar si no se investigan y sancionan estos casos con diligencia. “La impunidad de estos delitos envía el mensaje de que esta violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación”, destaca el informe. Otra de las sugerencias es investigar exhaustivamente las razones que motivaron la violencia contra la comunidad LGBTI. 

Discriminación étnico-racial en el paro nacional

La comisión identificó que algunas de las zonas con más tensión social, también concentran una alta población de comunidades étnico-raciales. Cali, por ejemplo, es la ciudad con mayor población afro en el país y la segunda en América Latina, mientras el Cauca alberga el mayor porcentaje de población indígena de Colombia con ocho grupos étnicos. 

Por lo menos 82 personas afro, de entre 13 y 60 años, habrían sido víctimas de represión en las protestas, señaló la CIDH. Asimismo, la organización destacó que de las 39 personas fallecidas en Cali y Yumbo, 11 serían afro. 

Pueblos indígenas del Valle del Cauca también denunciaron graves consecuencias por la muerte y agresión hacia sus autoridades y líderes. De hecho, la CIDH se refirió a la intimidación y estigmatización de las comunidades por parte de civiles en el marco de la movilización social. 

Las organizaciones étnicas informaron a la comisión sobre 50 ataques contra integrantes de la minga, dos fallecimientos de indígenas, tres agresiones físicas, 159 hostigamientos y 21 presuntas víctimas de atentados. 

“La CIDH ha señalado que, debido a la discriminación estructural e histórica, las personas afrodescendientes e integrantes de pueblos indígenas, así como residentes de áreas geográficas en situación de pobreza y pobreza extrema, se encuentras más expuestas a prácticas de perfilamiento racial por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y por consiguiente a ser detenidas arbitrariamente y sufrir abusos”, indicó el informe.

La urgencia de investigar todos los casos de violencia basada en género, contra mujeres, niñas y personas LGBTI, es una de las grandes recomendaciones que le deja al Estado colombiano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La violencia sexual —como le dijo en mayo a Diario Criterio Viviana Rodríguez, abogada especialista en derechos humanos y coordinadora jurídica de la Corporación Humanas— “es una herramienta de control patriarcal. En este contexto lo utilizan como una forma de desincentivar la participación, de decirnos que no deberíamos estar en las calles protestando y el castigo que recibimos es la violencia sexual”. Pese a los casos de violencia de género, la participación de mujeres y de la comunidad LGBTI en la movilización social es cada vez más activa, como lo señalan las organizaciones sociales.

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