A pesar de la violencia, el show siguió

El regreso del público al estadio El Campín estuvo marcado por una violenta pelea entre hinchas de Santa Fe y Atlético Nacional. El hecho revive un debate que había permanecido oculto durante la pandemia: ¿qué hacer con la violencia en el fútbol?

La Alcaldía de Bogotá anunció que se suspenderá “indefinidamente el ingreso de público” a los estadios de Techo y El Campín. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) aseguró que se tomarán “medidas drásticas” para que no vuelva a suceder lo que pasó en el partido Santa Fe-Atlético Nacional.

Este miércoles, al mediodía, la alcaldesa Claudia López también anunció medidas: los hinchas de Nacional no podrán entrar a El Campín y Techo durante un año, y los aficionados visitantes, en lo que resta del torneo.

Sin embargo, todos esos anuncios se ven tardíos ante la gravedad de los hechos. Supuestamente, se trataba de una fecha especial: el regreso de público a El Campín después de casi 500 días. Pero ese esperado regreso terminó en un enfrentamiento entre hinchas. Los de Santa Fe aseguran que los de Nacional empezaron la pelea. Que los aficionados verdes se pasaron a la zona donde estaban los cardenales con sus familias para agredirlos. Que los de la Guardia Albi Roja Sur solo invadieron el campo para defender a los otros hinchas.

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Pero, más allá de cómo se dio todo, lo cierto es que fue una vergüenza. Las imágenes son claras. Hordas de aficionados que acorralaban a un rival para patearlo y que dejaron las sillas del estadio pintadas de sangre. Una madre con su hija en brazos corría para protegerla.

A pesar de todo, un periodista, en la transmisión, dijo: “Qué lindo el espectáculo con público”. Y un reconocido analista fue más allá y afirmó que el “show debe continuar”. Y el partido continuó como si nada hubiera pasado.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se mostró indignada: “Lo rechazamos y condenamos”. Pero no hizo mucho: “Respaldamos las decisiones que la Dimayor tome al respecto”.

“La hinchada, los equipos y Dimayor tienen que ser capaces de establecer las más severas sanciones por este tipo de actos”, dijo López después del partido.

¿Por qué siguieron con el partido?

El estadio El Campín es propiedad del Distrito. Su administración está a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Por eso, muchos se preguntan si la alcaldesa tenía la potestad para frenar el partido de anoche y así haber evitado una tragedia mayor. O si simplemente le faltó autoridad. Al fin y al cabo, se trata de un escenario público.

Al respecto, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, afirmó que la decisión de seguir el juego fue de la Dimayor: “La Alcaldía Mayor de Bogotá, si bien es propietaria del estadio El Campín, no tiene la facultad de tomar una decisión de esa naturaleza de manera unilateral, de terminar el partido. La alcaldía alquila El Campín a los clubes. Ellos pagan no solo por el uso del estadio, sino también por los derechos y demás”, dijo Gómez RCN Radio.

Por su parte, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, aunque rechazó la violencia, restó importancia a la decisión de seguir con el partido: “Dentro de una situación compleja que estábamos viviendo, porque fue muy compleja, consultamos con la autoridad, el general a cargo del operativo del estadio, consultamos con los árbitros, y entre todos se decidió que lo mejor era continuar el partido y darle tiempo para que llegaran los refuerzos, tanto fuera como dentro del estadio”, dijo Jaramillo a ese mismo medio.

“Claro, todo el mundo opina, pero es muy difícil de manejar y muy difícil de tomar decisiones”, agregó.

Sin embargo, para muchos la decisión no era tan difícil de tomar.

En todo caso, este tema plantea un problema más profundo respecto a quién debería tomar medidas reales para evitar violencia en los estadios: “Los escenarios son públicos y la actividad es privada, es un negocio privado. Entonces, para lo que produce lucro, sí es privado, pero lo que son inversiones de control sí es público. El Estado ha dicho: ‘Yo no tengo la capacidad de poner esas medidas para identificar a los hinchas’”, dijo a Diario Criterio un abogado familiarizado con el tema.

“El tema de fondo es que no hay controles. No hay una política permanente y la responsabilidad es compartida entre los directivos, que no hacen inversiones, el Estado, que no toma las medidas correspondientes, y obviamente el tema de los hinchas que no son sancionados y vuelven a los estadios tranquilamente”, añadió.

Soluciones de fondo

En efecto, no es la primera vez que se presentan hechos de violencia dentro de los estadios. Las restricciones por la pandemia simplemente los mantuvieron ocultos y la alcaldesa López no había tenido que afrontar las peleas entre barras bravas a esa magnitud. Tampoco es la primera vez que las directivas del fútbol anuncian medidas drásticas para conjurar el problema. Un problema que va más allá de los escenarios. Los enfrentamientos entre barras son, incluso, un factor de violencia dentro de algunos barrios. Programas como Goles en Paz han sido claves para solucionar conflictos entre aficionados. El Distrito ha dicho que está avanzando en revivir esos espacios, pero el problema necesita soluciones concretas y rápidas.

Hace cuatro años la carnetización se planteó como solución para poder identificar a los hinchas violentos. Algunos aficionados alcanzaron a pagar por el documento.

Sin embargo, el proceso no avanzó y muchos hinchas se han sentido estafados porque el documento no se volvió una exigencia para entrar a los estadios.

En febrero de este año, el presidente de la Dimayor aseguró en Caracol Radio que el regreso de los hinchas a los estadios podría ser una oportunidad para retomar la carnetización para resolver “problemas complicados desde el punto de vista de seguridad”.

Cinco meses después, el público regresó a El Campín sin que se concretara el tema de los carnets, pese a que el proceso se inició desde 2017. ¿Habría solucionado el enfrentamiento? Solo había una forma de saberlo, pero nunca se ejecutó.

Lo que sí se sabe es que lo sucedido el martes en la noche es una vergüenza para el país en momentos en que se le pide a la ciudadanía ser responsable durante la reactivación económica. Las restricciones durante la pandemia no fueron solamente para evitar que las personas se contagien. También sirvieron para que a las UCI no llegaran personas heridas, por ejemplo.