Hinchas del Cali en Tuluá: ¿Por qué nunca pasa nada con la violencia en los estadios?

La invasión de decenas de hinchas furiosos del Deportivo Cali al Estadio 12 de Octubre de Tuluá, y la agresión física y verbal que sufrieron varios jugadores profesionales del onceno verde, seguramente quedarán como un hecho de violencia e indignación nacional y una vergonzosa anécdota de burlas y memes en las redes sociales.  

Como quedó registrado, sobre el minuto 80 del partido entre Tuluá y Deportivo Cali, en el que el local iba ganando 2 a 0, los hinchas decidieron tomarse el campo y agredir a varios jugadores, como Teo Gutiérrez, y al técnico Mayer Candelo.

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Este caso y otros que han ocurrido dentro y fuera de las canchas son un reflejo del duro momento que pasa el fútbol en Colombia, en el que los malos resultados deportivos de la Selección y de los clubes a nivel internacional se suman a las denuncias de corrupción, discriminación e incluso acoso sexual (en el caso del fútbol femenino), y a la falta de normas y reglas sobre algunos temas espinosos como la falta de claridad en la propiedad, el manejo de las barras y las apuestas deportivas. Según varios expertos consultados por Diario Criterio, esas tres son algunas de las amenazas más grandes que hoy tiene el fútbol colombiano.

Barras de fútbol, sin control

La violencia que perdura en una parte de los capos y miembros de las barras de los equipos (antes llamadas barras bravas y hoy, barrismo social) es una de las mayores amenazas para la paz en los estadios y explica la fuga de las familias y de muchos seguidores de las tribunas y de los alrededores de los escenarios deportivos.

Una investigación que realizó El País Cali, con datos de la Fiscalía General de Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y registros periodísticos, indica que, entre 2008 y 2020, 149 hinchas murieron en hechos violentos relacionados con enfrentamientos o peleas. Si bien, todas ocurrieron fuera de los estadios, los incidentes en las tribunas son comunes.

Como bien lo han advertido varios analistas, el problema no pasa por la creación de leyes y normas, que ya hay muchas, sino por su aplicación. En ese caso, lo que se requiere es una articulación real y efectiva de las autoridades deportivas con las policiales y judiciales del Estado colombiano.

En Brasil, por ejemplo, en casa estadio hay un fiscal que está atento a judicializar las acciones delincuenciales que se presenten, como punto de partida para identificar, judicializar y obtener condenas efectivas.

Luis Bermúdez, uno de los mentores de la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto (nombre de su hijo asesinado de forma infame por paramilitares, en un enfrentamiento entre barras en el Magdalena Medio) y tal vez uno de los mayores conocedores del barrismo en Colombia, tiene un diagnóstico y soluciones claras.

Las barras son un reflejo de los problemas sociales y de convivencia que hay en el país, dice. Allí hay jóvenes que encuentran un grupo, una pasión, un sentido para sus vidas, pero también un caldo de cultivo en el que se mezclan varios problemas sociales: pandillismo, drogadicción, violencia, pobreza y pocas oportunidades para salir adelante.

Para enfrentar esto, el Gobierno debe ayudarles a los miembros de las barras que quieren aportar a la construcción de una forma diferente de ver el fútbol a través de barrismo social, oportunidades para estudiar, para capacitarse en un oficio o profesión y recibir ayudas económicas. “Ahora bien, lo que no puede pasar es que las ayudas sean eternas o que se beneficie de una forma diferente, especial, a los capos y líderes, como se ha visto en programas de algunas ciudades, que terminan generando guerras y rivalidades por ser los líderes de la barra”, dice Bermúdez.

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Es claro que los problemas y conflictos se reproducen en los estadios, más frente a un deporte de emociones, con alegrías y frustraciones. Pero, otra cosa, dice Bermúdez, es tener alguna tolerancia frente a quienes cometen actos criminales.

El fútbol debe entenderse como una actividad lúdica y de reconocer las diferencias, pero otra cosa es “entrar armado a un estadio, vender y promover el consumo de drogas; agredir o matar a otras personas e, incluso, ingresar al campo. Estas y otras acciones deben ser enfrentadas con severidad por la justicia, tal y como si ocurrieran en una calle normal. Eso sí, tiene que haber mano fuerte, empezando por mostrarles, enseñarles a los barristas e hinchas, que hay límites y que quien los traspasa debe asumir las consecuencias”, puntualiza Bermúdez.

Si bien el mundo de fútbol hace su tarea en sancionar a los equipos y las barras con medidas como fechas de suspensión para jugar o para entrar a los estadios, otros expertos en barrismo dicen que lo primero que la Federación y la Dimayor deben hacer es definir las reglas y relaciones que debe haber entre equipos, dirigencia y líderes de las barras.

“Aún perdura un manejo mafioso, en el que los líderes de las barras son capos violentos y agresivos que utilizan la pasión de cientos, miles, para obtener beneficios: plata, boletas, camisetas y hasta participación en la venta de algunos jugadores. Entre más ocultas y oscuras sean estas relaciones, más complejo el mundo del barrismo”, dijo a Diario Criterio otro analista que prefirió no ser citado.

_{Otro caso de violencia presentado hace 10 meses, esta vez, con hinchas del América de Cali:}

Hace años, la Dimayor obligó a los equipos a censar a todos lo miembros de las barras y a sacarles carnés, para identificar realmente a quienes entran a la tribunas. Pero, al final, esa medida dejó de usarse.

Según un comunicado del Cortuluá, gracias al sistema de ingreso del estadio, se identificaron 1.441 hinchas que estuvieron en la tribuna oriental y ahora tratarán de identificar a quienes ingresaron a la cancha y agredieron a los jugadores, con el fin de que sean judicializados.

Frente a lo ocurrido, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, advirtió en declaraciones en radio que “Tenemos que tomar las medidas más drásticas con las autoridades, tenemos que judicializar a las personas. También endurecer desde el punto de vista deportivo las sanciones para que vean que las hinchadas pueden perjudicar a su club”.

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“Esas personas no están teniendo una consecuencia legal, entonces cualquier otra persona se siente con la valentía de volverlo a hacer en cualquier otro estadio. Hay que castigarlos. Se ha hecho un gran esfuerzo para sacar adelante el espectáculo y esto no ayuda, definitivamente. Los verdaderos hinchas saben que esto perjudica el espectáculo”, concluyó. Pero, ¿por qué no lo han hecho desde antes, si este no es el primer caso que se presenta desde que está en la Dimayor?

¿Y quiénes son los dueños?

A pesar de la íntima relación que hubo, desde los años 70, entre la mafia del narcotráfico, los equipos de fútbol y el mercado de jugadores, este tema aún permanece como una sombra de la que pocos se atreven a hablar. La historia conocida, aparentemente pasada, es la que hubo de los hermanos Rodríguez Orejuela con el América de Cali; de Gonzalo Rodríguez Gacha, del ‘mexicano’, con Millonarios; de Hernán Botero, con Nacional; o la de Pablo Escobar —o sus antiguos socios, como los hermanos Galeano o Gustavo Upegui— con equipos como el Deportivo Independiente Medellín y el Envigado.

Contrario a lo que se piensa, el Estado no logró ponerle fin a este perverso matrimonio y, además, permitió que nuevos poderes hicieran un relevo, como el de algunos reconocidos paramilitares que terminaron siendo accionistas o dueños de equipos y jugadores.

“Hoy, a pesar de las normas y seguimientos, el Estado no tiene la total certeza de quiénes son los propietarios de algunos equipos de la A y una gran mayoría de la B o de la C. Hoy no se sabe, por ejemplo, si hay una relación accionaria entre el Santa Fe con el nuevo gran capo Julio Lozano o los herederos de su socio asesinado, Luis Caicedo. Y así hay varios equipos, con presencia directa de personas con dineros ilícitos o a través de testaferros, sin que pase nada”, dijo a Diario Criterio un uniformado que trabaja para la DEA.

En los comités de la Dimayor, cuando se van a tomar ciertas decisiones, a veces se sienten estas sombras de poderes ocultos.

Uno de los casos más polémicos es el del Unión Magdalena. Aparentemente, su propietario es Eduardo Dávila Armenta, quien tiene antecedentes por narcotráfico y paramilitarismo y en la actualidad responde, aparentemente, por ser el autor intelectual del homicidio del juez penal especializado de la ciudad de Santa Marta Javier Alfredo Cotes Laurens, ocurrido en diciembre de 2001. Según la Fiscalía, Dávila pidió la ejecución de la muerte del funcionario a ‘Los Chamizos’ a cambio de seguridad y favores financieros. La banda de sicarios estaba al servicio de los jefes paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Así como hay dudas sobre la propiedad y el manejo de los recursos en muchos equipos, también las hay sobre el manejo de patrocinios. Para no ir muy lejos, la semana pasada, la Fiscalía General, en compañía de la Dian, tomó el control de los almacenes de ropa Tierra Santa, que tenía 30 locales. Trece personas fueron capturadas, otras siete fueron imputadas y se incautaron activos por 1,2 billones de pesos.

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Tierra Santa era uno de los patrocinadores del Junior de Barranquilla que, frente a lo ocurrido, solo ha guardado silencio y revivido viejos fantasmas: a finales de los 70 y comienzos de los 80, el Junior tuvo como principal patrocinador al reconocido lavador de dinero de la costa Faryala Hanna, a través de Hotel Aruba Concorde.

Apuestas deportivas, sin control

Las apuestas deportivas son uno de los negocios que más rápido ha crecido en los últimos años en Colombia y el mundo. De hecho, una de estas empresas es la patrocinadora oficial del torneo profesional.

Desde que en 2016, Coljuegos empezó el registro y la autorización de casas de juego online, se han puesto en funcionamiento 17, de las cuales 12 funcionan solo para el mercado colombiano.

La falta de normas, reglas y controles para evitar que jugadores, cuerpos técnicos, árbitros o directivos apuesten de forma directa o indirecta hacen que todo lo que ocurre alrededor de las apuestas y el desarrollo de los partidos se convierta en un fantasma cada vez más presente en el fútbol colombiano.

El amaño de partidos, resultados ilógicos o ciertas acciones responderían más a la lógica de las apuestas que a las de lo meramente deportivo. En varios equipos, en voz baja, se habla de la forma como algunos jugadores apuestan o hacen parte de los amaños.

Cómo será la situación, que hasta Acolfutpro, la propia asociación que agremia y defiende los intereses de los futbolistas, hizo una advertencia general, que pasó desapercibida. Lo más seguro es que las denuncias sobre este tema empiecen a salir a la luz pública en las próximas semanas.

Normas de papel

Desde 2009, existe en Colombia un marco normativo sobre la seguridad y la convivencia en los estadios de fútbol. Según el portal Razón Pública, estas son las normas que se han emitido desde 2009:

• “La Ley 1270 de 2009 creó la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol.
• El Decreto 1267 de 2009 ordenó a los municipios donde se realizan partidos de fútbol profesional crear Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. También se creó un grupo técnico para apoyar las labores de la Comisión Nacional y asesorar a las entidades territoriales.
• En 2010 —en la antesala del Mundial Juvenil sub 20 de la Fifa, que se llevó a cabo en nuestro país—, el Decreto 1717 adoptó un Protocolo Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol Colombiano.
• La Ley 1445 de 2011 incluyó un capítulo especial sobre seguridad y convivencia en el deporte profesional. El artículo 13 establece que “la responsabilidad de la vigilancia, control y prevención respecto a los integrantes de las barras, aficionados y asistentes a los eventos deportivos será compartida entre los clubes deportivos y las autoridades pertinentes”. El artículo 109 de la Ley 1453 de 2011 reproduce la misma disposición.
• El Decreto 079 de 2012 reglamenta las leyes 1445 y 1453 de 2011, y establece un procedimiento para imponer sanciones a los asistentes de eventos deportivos.
• El Decreto 1007 de 2012, por el cual se adopta el Estatuto del Aficionado al Fútbol en Colombia, establece en su artículo 38 que ‘la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, con la participación de las comisiones locales, promoverá la realización de un Plan Decenal para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. El aficionado y las barras tienen derecho a participar en la elaboración de dicho plan’”.

Relación tomada de Razón Pública