Fallo revive debate sobre el voto de militares y policías en Colombia

La Corte Constitucional declaró inexequible un apartado del Código Disciplinario Militar que calificaba como falta grave las murmuraciones, comentarios o críticas. Para algunos, así como se les está reconociendo el derecho a la libertad de expresión a los militares, debería pasar lo mismo con el derecho al voto.

El Código Disciplinario Militar señalaba como falta grave permitir o tolerar murmuraciones, comentarios o críticas contra el superior, un subalterno, algún compañero o instituciones de la fuerza pública. Al mismo tiempo, indicaba que no se permitía la transmisión de este tipo de mensajes al interior del Ejército. Así se establecía hasta la semana pasada, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el numeral 12 del artículo 77 de la norma militar, que incluía estas prohibiciones. Es decir, esta norma quedó sin efecto.

Con la decisión, el alto tribunal le dio la razón a una demanda, conocida a inicios de este año, que indicaba que sancionar a los uniformados por expresar sus opiniones y pensamientos faltaba al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como a la libertad de expresión y opinión.

Los argumentos contra la norma

El demandante, el joven Cristian Fernando Cuervo Aponte, indicó que la norma resultaba bastante amplia, ya que no se conocían sus alcances y generaba dudas frente a qué clase de comentarios debían sancionarse y a cuáles instituciones abarcaba.

No todo mensaje reviste carácter maldiciente o tendencioso; es más, el juicio de valor puede llevar consigo un carácter informativo sobre los sucesos fácticos que podrían versar, por ejemplo, sobre la posible comisión de conductas punibles, así como irregularidades en contratación o actuaciones dentro de las FF.MM. [Fuerzas Militares], hechos de los cuales la opinión pública tiene derecho a ser informada”, explicó Cuervo, citado por el diario El Espectador.

Cuervo también aseguró que la norma impedía que los miembros de la fuerza pública pudieran realizar un comentario sobre su superior y/o dependencia, aun cuando contaran con todas las pruebas y soportes para objetar o refutar.

Estos argumentos fueron apoyados por Fernando Carrillo, entonces procurador general, quien envió su concepto a la Corte Constitucional antes de terminar su periodo. Carrillo manifestó que precisamente la norma no incluía límites respecto a lo que podían opinar los uniformados.

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“Las conductas sancionables son de tal amplitud que dan cabida a un juicio de carácter subjetivo con un amplio margen de discrecionalidad y, por ende, dejan al disciplinado a merced de una importante libertad en la valoración y sanción”, indicó Carrillo en su momento.

Antes “no se podía y no se debía”

Para un exoficial del Ejército Nacional retirado, quien prefirió mantener en reserva su nombre, la decisión es muy positiva, puesto que antes era “gravísimo murmurar y cuestionar la orden de un superior, incluso cuando esta no fuera correcta, ya que, como se sabe, no todos los militares, cuando están activos, hacen las cosas bien”, dijo. 

El exmilitar fue testigo de esa situación mientras se encontraba en las filas de la institución. Según describió a Diario Criterio, cuando alguien se atrevía a realizar alguna acción—de las descritas en el artículo 77—era castigado con sanciones que incluían, entre otras cosas, el traslado a una zona roja, de la cual podría no regresar.

No se podía estar en contra de ninguna orden. No se podía y no se debía. Uno prefería reservarse cualquier tipo de opinión. Por ejemplo, si el compañero trabajaba en la oficina de Bogotá y discutía una orden o murmuraba sobre el actuar de su superior, lo enviaban para el orden público dos o tres años. El orden público es ir a pelear; allí tienen la posibilidad de recibir daños fuertes o incluso morir. Los cambiaban de lugar de trabajo para acallarlos o hacerlos sentir mal”, relató.

Para el coronel retirado Pedro Rojas, la vulneración a la libertad de expresión sí existe dentro de la fuerza pública, por lo que aplaudió, en su momento, la decisión de Cuervo de demandar la inconstitucionalidad de la norma.

“Celebro que un estudiante de Derecho tan joven, haya decidido demandar esos dos artículos, porque como él lo afirma y argumenta, jurídicamente los artículos 77 y 78 y sus numerales 12 y 7 respectivamente, vulneran la libertad de expresión. Es evidente”, manifestó Rojas, a inicios de este año, a Blu Radio.

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Se revive el debate del voto militar

Luego de que se conociera la decisión de la Corte Constitucional, en redes sociales se volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el derecho al sufragio de los militares y policías. Para algunos, que los miembros de la fuerza pública puedan participar en las urnas podría ser “saludable” y “oportuno” para la democracia, mientras que para otros no es correcto que puedan hacerlo debido a la naturaleza de su labor.

En Colombia se trata de un asunto que se ha discutido desde 1930, cuando el voto de militares y policías fue prohibido de manera definitiva. De hecho, el artículo 219 de la Constitución Política dice que “los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo”.

La norma en sí tiene como objetivo mantener una imparcialidad de los miembros activos en el ejercicio de sus labores.

Para el exoficial Rojas, es el momento de que este voto se haga realidad. “Yo estoy de acuerdo con el voto militar. No nos va a volver menos profesionales, ni va a pasar lo que pasó en Venezuela. Debe haber una voluntad política”, dijo a Blu Radio.

En este sentido, Colombia hace parte de la lista de los cuatro países de Latinoamérica que no lo permiten. Allí también se encuentran Guatemala, Honduras y República Dominicana. Países como Chile y Argentina, en los que se instauraron dictaduras en algún momento de la historia, sí permiten que los integrantes de las fuerzas armadas ejerzan el derecho al voto.

Abrir o no la posibilidad a la reforma de la norma

A inicios del 2020, el partido político Centro Democrático planteó que se debía reformar para levantar esta prohibición. Finalmente, el proyecto fue presentado por el senador Edgar Palacio, de Colombia Justa-Libres, quien afirmó que el “voto es un derecho humano que no puede ser prohibido”.

Frente a esta posibilidad, congresistas de diversos partidos se opusieron tajantemente, argumentando que se trataría de un movimiento peligroso. El revuelo producido por la iniciativa mostró que la participación de los militares en las urnas todavía está lejana.

En su momento, por ejemplo, el senador Armando Benedetti citó hechos como los llamados falsos positivos para argumentar que estos “demuestran que la cadena de mando da hasta para asesinar. Imagínense la influencia que tendría un general o comandante de batallón en sus hombres para votar”, dijo.

Por el mismo camino, el entonces senador Richard Aguilar aseguró que el rol que tienen las fuerzas es precisamente el de garantizar la seguridad de todos los colombianos. “Esta medida va en contra de la dignidad ética y disciplina castrense que tiene la fuerza pública”, afirmó.

Para sorpresa del partido de Gobierno, el año pasado, el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se distanció de la propuesta y dijo que, de aceptarse, se trataría del “peor error que cometería el país”.

Este es el caso también de la senadora María del Rosario Guerra. Aunque la propuesta fue apoyada fuertemente por su partido, el Centro Democrático, ella no apoya la iniciativa. “Siempre me he opuesto a que la fuerza pública pueda votar. Hay que seguir teniendo una fuerza pública que cumpla con su misión de defensa de la frontera, que mantenga el orden y la seguridad y, sobre todo, que siga trabajando con las comunidades para tener mayor presencia a lo largo y ancho del país”, dijo a Diario Criterio.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), también aprovechó para resaltar la inconveniencia del proyecto. “Tener militares, policías, miembros del Ejército, haciendo proselitismo electoral o tomando decisiones a través del voto en territorios, donde además están en armas, puede ser contraproducente para la seguridad de la democracia, que es la que ellos nos brindan”, manifestó.

Aunque fue contundente al asegurar que no deberían hacerlo, no le cerró las puertas a esta posibilidad en el futuro.

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