El balance del protocolo de voto trans en sus primeras elecciones

El pasado domingo se materializó el protocolo para el voto trans, una guía encaminada a garantizar que las personas con experiencias de vida trans votaran en condiciones de igualdad, sin obstáculos ni discriminaciones. Así le fue, de acuerdo con el informe de observación presentado este martes.

El pasado diciembre, Colombia le dio vida al protocolo de voto trans, una guía para capacitar a las distintas entidades que intervienen en el proceso electoral sobre orientación sexual diversa, identidad de género y los procedimientos ordinarios en los puestos y mesas de votación, con el fin de evitar discriminaciones y actos violentos. 

Este protocolo, que fue el resultado del trabajo de Caribe Afirmativo, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y la Misión de Observación Electoral (MOE), se puso finalmente a prueba el pasado domingo. 

Durante la jornada, la MOE dio algunos datos preliminares de lo fue su implementación y aseguró que en el 66 por ciento de las mesas observadas no se identificaron piezas pedagógicas relacionadas con las garantías de las personas trans a la hora de votar. “Se resalta que en un 34 por ciento sí se encontró este tipo de información, lo que indica que el  protocolo avanza en su aplicación”, indicó la organización.

La entidad también reportó 15 casos en los que algún miembro de la fuerza pública o funcionario emitió un comentario o expresión que afectó su identidad y expresión de género, tales como “miradas invasivas e impertinentes a estas personas, y/o referirse a ellas con el género con el que no se identifican”. 

Este martes, las tres organizaciones emitieron el informe oficial. En este documento, explicaron cómo se realizó el proceso de observación e hicieron una recopilación más amplia de los casos en los que se evidenció algún tipo de vulneración a su derecho al voto. 

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Observación en el puesto de votación

De acuerdo con el informe, en total 40 personas con experiencias de vida trans realizaron observación del protocolo, en los departamentos de Caquetá, Magdalena, Norte de Santander, Cesar y la ciudad de Bogotá. Estas personas estuvieron atentas al cumplimiento de las recomendaciones para los procedimientos ordinarios en los puestos y mesas de votación.

Durante la jornada, no se presentó ninguna negación de ingreso al puesto de votación. Sin embargo, en Magdalena, dos policías impidieron que una persona con experiencia de vida trans ingresara al lugar en el que realizaría sus labores como observadora. La Registraduría intervino y permitió su ingreso. 

También se reportaron tres casos en los que fue irrespetada su identidad y expresión de género. “Se reportaron 3 casos en los que habían filas separadas por sexo/género y las personas trans no se pudieron ubicar en la fila que deseaban”, indicaron las organizaciones. Estas situaciones estuvieron en contravía de lo dispuesto en el artículo dos del protocolo, que expone que al momento de ingresar a los puestos de votación, “las personas trans podrán elegir si hacen parte de las filas dispuestas para mujeres o para hombres independientemente de la correspondencia entre nombre, sexo, cupo numérico y/o foto del documento de identidad y la expresión identitaria”. 

Sobre las requisas al momento de ingresar al puesto de sufragio, las organizaciones expusieron que en el 47 por ciento de los casos estas no fueron hechas por un agente del género expresado por ellas. 

Finalmente, siete de las nueve personas que habían hecho el cambio de nombre y sexo en su documento de identidad enfrentaron trabas a la hora de ejercer su derecho al voto por no haber concordancia entre la información de las entidades y su identificación, por lo que tuvieron que votar con su nombre anterior. “Estos casos indican que la información de la identificación biométrica no se encuentra actualizada cuando las personas trans realizan los procesos de corrección en sus documentos de identificación. Incluso uno de los casos reportados es de una persona que corrigió sus documentos hace más de cuatro años”, expresaron.

Conocimientos del protocolo

Las organizaciones también realizaron una veeduría a la capacitación de todas las entidades involucradas en el proceso electoral, indagando en los puestos de votación sobre el conocimiento de lo que es el protocolo y sus recomendaciones. Para el caso de los jurados de votación, el 66 por ciento de los que fueron consultados manifestaron tener conocimiento de la iniciativa. Para las organizaciones, esto “da cuenta de un trabajo pedagógico previo realizado por la Registraduría con las personas juradas de votación”. 

Sobre esto último, también pudieron determinar que el 60 por ciento de las personas delegadas de la Registraduría manifestaron haber recibido capacitación sobre el protocolo. 

Por otro lado, el 63 por ciento de las autoridades integrantes de las mesas de justicia, es decir, los delegados de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y la Fiscalía, manifestaron no tener conocimiento del protocolo ni sobre los procedimientos para recibir quejas en caso de incumplimientos.  “Se destaca un caso registrado en el municipio de Envigado, en el que se reporta que integrantes de la mesa de justicia comentaron que la discriminación contra las personas trans no existía y que por ende no era necesario un procedimiento”, se indicó en el informe.

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¿Cuál era la expectativa?

Las organizaciones que trabajaron en el protocolo no tenían grandes expectativas, si se parte de que históricamente el lugar de votación no ha sido un sitio seguro para esta población.

En las semanas previas a los comicios, las organizaciones líderes hicieron pedagogía para animar a esta población a ejercer su derecho al voto. No obstante, tenían muy presente que el protocolo podía no implementarse de manera efectiva, debido a que algunas entidades no hicieron un gran esfuerzo para hacerlo realidad. “No les echamos la carga a las personas trans, sino a la forma en que las instituciones no han hecho el menor esfuerzo posible en implementarlo”, dijo a Diario Criterio, en su momento, Tomás Anzola, líder del proyecto en la fundación GAAT.

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