Elecciones del 13 de marzo estrenarán protocolo para evitar la discriminación a las personas trans

El protocolo busca que las personas trans puedan ejercer el derecho al voto sin barreras ni actos discriminatorios como requisas violentas o procedimientos para ‘corroborar’ su identidad.

En diciembre de 2020, se aprobó el protocolo para el voto trans, una guía para garantizar que las personas con experiencias de vida trans (transgénero, transexuales y travestis) voten en condiciones de igualdad. Con este paso, Colombia se convirtió en el segundo país de América Latina –luego de México– en contar con lineamientos específicos durante la jornada electoral para evitar la discriminación y promover la participación de esta población. 

Este fue el resultado del trabajo de Caribe Afirmativo, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (Gaat) y la Misión de Observación Electoral (MOE), que abanderaron la propuesta, para luego presentarla ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que finalmente le dio luz verde. 

Las organizaciones plantean cuatro acciones para garantizar el derecho al voto. Primero, hacen recomendaciones para los procedimientos ordinarios en los puestos y mesas de votación. La segunda es una coordinación interinstitucional para capacitar a todas las entidades involucradas en el proceso electoral. Y, finalmente, las dos últimas tienen que ver con la promoción de los “procesos de identificación y conformación del censo electoral de las personas trans” y  la aplicación efectiva del protocolo por medio de alianzas estratégicas. 

Diario Criterio dialogó con Tomás Anzola, líder del proyecto en la fundación Gaat, para conocer cómo fue el proceso de elaboración, qué deben hacer las personas con experiencias de vida trans si sufren algún tipo de violencia en las elecciones y cuál es la expectativa para el próximo 13 de marzo.

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Diario Criterio: ¿Desde qué momento empezó a pensarse la necesidad de tener un protocolo y cuándo se inició el proceso para materializarlo?

Tomás Anzola: En junio de 2020 nos reunimos tres organizaciones: Caribe Afirmativo, el Consejo Nacional Electoral y la fundación Gaat. Compartimos investigaciones y la información que teníamos sobre las barreras a las que las personas trans nos enfrentamos a la hora de ejercer el derecho al voto. Revisamos entonces material bibliográfico. Luego llevamos el protocolo a un espacio de socialización con más personas trans, activistas, para que nos dieran su óptica, su opinión, si con lo que incluimos se subsanaban todas las barreras. 

Es importante resaltar que esta es la primera vez que una entidad distinta a la Corte Constitucional, que por años ha sido garante de derechos, lleva a cabo una guía para garantizar el cumplimiento de los derechos de esta población.

Diario Criterio: En 2017, México fue el primer país de América Latina en aprobar un protocolo con este objetivo. ¿Este les sirvió de base, lo consultaron para elaborar el de Colombia?

T.A.: El protocolo en México nos dio una muy buena lección e inspiración. Lo revisamos para ver qué nos faltaba. También se sumó Pamela San Martín, que es una asesora de la MOE Internacional y que estuvo en el proceso de elaboración del protocolo de ese país. Revisamos también cuáles eran esas particularidades o diferencias. Notamos, por ejemplo, que la fuerza pública no hacía presencia en el protocolo de México. Luego hicimos una socialización con la comunidad internacional y con organizaciones que trabajan el tema.

Diario Criterio: ¿Cuáles son las violencias que ha sufrido la población trans en el país?

T.A.: Se nos han vulnerado nuestros derechos políticos, a la vida, a la identidad. Este último ha sido un proceso muy violento. Hasta 2015, se nos pedía presentar un certificado psiquiátrico que corroborara que éramos personas trans. Ahí había una barrera gigantísima, porque considerar una enfermedad mental el hecho de ser trans es una violación de los derechos humanos. Sobre los derechos civiles y políticos, hablamos, por ejemplo, del hecho de considerarse ciudadano. En el país, por más de 50 años, ser una persona trans y homosexual era un delito. 

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Diario Criterio: ¿Cómo estos hechos han afectado el acceso a sus derechos? ¿Esto se ve también en la participación electoral?

T.A.: Todo ese rezago, sumado a que Colombia es un país muy católico, ha hecho que se satanice o considere pecado a las personas LGBTI. Esos discursos han afectado nuestros derechos. Cuando hablamos de participación, no solo hablamos del derecho al voto, sino también a ser elegidos. Con el Observatorio de Participación Política de Personas LGBTI de Caribe afirmativo vimos que en el último periodo solo dos mujeres trans fueron electas a un cargo, y solo una pudo ejercer. 

Diario Criterio: ¿Cuáles son los hechos discriminatorios a los que se enfrentan las personas con experiencias de vida trans en los puestos de votación?

T.A.: En ocasiones, no nos dejan ejercer nuestro derecho al voto porque no hay correspondencia entre nuestra identidad y expresión de género. También se nos somete a procesos para corroborar nuestra identidad y a requisas violentas. El espíritu del protocolo es entonces entender que las experiencias de vida trans son totalmente distintas, que hay personas que no quieren o no pueden realizar el cambio del documento de identidad, como hay otras que sí lo desean o ya lo tienen. 

Diario Criterio: ¿Qué pueden hacer entonces las personas si se enfrentan a situaciones discriminatorias?

T.A.: Hemos generado un proceso para que personas trans hagamos observación electoral. Si a una persona trans le impiden ejercer su derecho al voto, se puede acercar a las mesas de justicia o a las autoridades electorales para que le indiquen dónde interponer la queja o denuncia del hecho de discriminación. También pueden contactarnos a las organizaciones que vamos a estar atentas a lo que suceda. Posteriormente vamos a hacer un informe de cómo le fue al protocolo. 

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Diario Criterio: La Registraduría debería estar haciendo pedagogía para evitar la discriminación en las capacitaciones que adelanta. ¿Esto se está llevando a cabo, hay algún tipo de seguimiento?

T.A.: Existe un sistema de capacitación e información electoral y hemos realizado un acompañamiento permanente para desarrollar módulos pedagógicos, tanto para jurados, como para la fuerza pública y funcionarios. También trabajamos un ABC sobre qué es esto de la orientación sexual diversa o no hegemónica y de la identidad de género. No sabemos cómo ha sido el proceso de implementación, sobre cuántos han sido capacitados. Eso lo vamos a preguntar en calidad de observadores electorales.

Diario Criterio: Según denuncian las organizaciones, la fuerza pública, especialmente la Policía, es la que más violencias comete contra esta población. ¿Cómo se pensó el protocolo para este actor?

T.A.:  En el proceso de construcción de módulo, nos parecía supremamente importante el lenguaje: cómo llegarle a la fuerza pública. Varias organizaciones han capacitado a la fuerza pública y los resultados son los de siempre. Lo que hicimos, en lugar de ‘pedirles el favor’, fue decirles: “Tú eres un funcionario público, estás violando los derechos humanos si cometes estas prácticas. Son actos discriminatorios”. 

Diario Criterio: ¿Cuál es la expectativa para el próximo 13 de marzo?

T.A.:  Históricamente, el lugar de votación no ha sido un lugar seguro. Que te pidan “confía en la Policía” es complejo. Tiene que ser un proceso de voluntades, de hechos que a uno lo hagan confiar. Desde las organizaciones sociales hemos hecho lo humanamente posible para hacer pedagogía. Pero puede que nos enfrentemos a un protocolo que no se implemente de manera efectiva. No les echamos la carga a las personas trans, sino al hecho de que las instituciones han hecho el menor esfuerzo posible en implementarlo. Luego del proceso electoral, la idea es poder acompañar, que sigamos construyendo. Vamos a generar una serie de documentaciones para revisar qué hay que afinar. 

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