SIC advierte que podría suspender servicio de WhatsApp en Colombia; ¿es viable?

La Superintendencia de Industria y Comercios le ordenó al servicio de mensajería instantánea ajustarse a los requisitos nacionales, pero obligar a la empresa a cumplirlos plantea complejos retos para el país.

Una de las noticias tecnológicas más comentadas de esta semana, eclipsada por el paro y la pandemia, fue la orden que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le dio a WhatsApp de tomar medidas para proteger los datos de sus usuarios en Colombia.

Según la SIC, el servicio de mensajería instantánea incumple el 75 por ciento de los requisitos del artículo 12 de la ley de protección de datos personales y el 57,89 por ciento de “los requisitos mínimos que exige la regulación colombiana”.

La Superintendencia de Industria y Comercio advierte que podría suspender el servicio de WhatsApp en Colombia e imponerle una multa de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales (más de 1.800 millones de pesos) si incumple la orden. Sin embargo, parece que hay pocas herramientas locales para hacer que la compañía se sienta obligada a acatar las medidas.

Los obstáculos

La orden está dirigida a una empresa que funciona en Estados Unidos, WhatsApp LLC, lo que de entrada plantea un reto en caso de que la SIC decida imponer sanciones por incumplimiento. El ordenamiento jurídico de Colombia, “a diferencia de lo que sucede en Europa, no tiene un brazo comunitario” que pueda obligar a WhatsApp a cumplir “una regulación que cobije a varios países”, explicó a Diario Criterio la abogada Lucía Camacho, de la fundación Karisma.

Sin embargo, podría darse el caso de que la compañía decida cumplir la orden de la SIC, no por un tema legal sino pensando en el mercado, teniendo en cuenta que la aplicación tiene 39 millones de usuarios en Colombia. Además, otros países de América Latina podrían estar interesados en unirse para presionar a WhatsApp para que proteja los datos personales.

“Es importante entender que pueden ser esfuerzos que eventualmente puedan ser presionados en foros como el de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y otros países de la región que quieran exigir a WhatsApp el cumplimiento de sus propias normativas”, precisó Camacho.

“Lo que pone este escenario de presente es el reto que enfrentan los reguladores para medirse con grandes compañías que tienen su sede en otras jurisdicciones”, añadió.

Sin embargo, según la experta, el caso de WhatsApp no es el único de empresas con sedes en el exterior: “Se vivió con las industrias farmacéuticas, tabacaleras”. En tales casos, las compañías terminaron cumpliendo las normas porque, además de la parte jurídica, hubo presión política “con la mediación de autoridades nacionales y tribunales internacionales”, de acuerdo con Camacho.

Suspender WhatsApp, una medida inconveniente

Los 39 millones de usuarios de WhatsApp en Colombia representan cerca del 80 por ciento de la población, lo que demuestra que el servicio de mensajería hace parte de la cotidianidad, sobre todo porque, como bien lo explica la abogada de Karisma, es usado para actividades laborales, familiares, comerciales, entre otras (de hecho, Camacho respondió a través de WhatsApp las preguntas que le hizo Diario Criterio).

Y es tan cotidiano que la mayoría de operadores ofrecen de forma gratuita los datos gastados en la aplicación, lo que hace que millones de personas no tengan cómo acceder a servicios alternativos como Signal o Telegram. Además, WhatsApp ha logrado penetrar en zonas remotas del país “porque es un servicio bastante estable, no se cae casi nunca, es rápido, permite intercambiar casi cualquier tipo de contenido”, explicó la experta.

Este escenario hace que una eventual suspensión termine perjudicando más a los usuarios del país que a la propia compañía.

“No creo que suceda y esperamos que la SIC pondere mucho el alcance de alguna decisión que apunte hacia ese sentido”, dijo Camacho.

La reglamentación que incumple WhatsApp en Colombia

Según la SIC, la política de tratamiento de información (PTI) de WhatsApp incumple reglas como la de darle el derecho al usuario de revocar la autorización que se le dé al uso de sus datos, ni permite que el usuario acceda “en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento”, de acuerdo con las exigencias de la Ley 1581 de 2012, conocida como ley de protección de datos personales.

Tampoco garantiza el derecho del usuario a pedir que se le informe cómo han sido usados sus datos personales.

“Los datos que más sufren, por así decirlo, en esa vinculación cada vez más cercana entre lo que sucede en WhatsApp y otros productos de Facebook, son los que se denominan como metadatos, piezas de información valiosas que hablan de nuestros comportamientos y hábitos: con quién más se comunica usted, qué tipo de contenidos adjuntos envía con mayor frecuencia, el tiempo que pasa usando la aplicación…”, indicó la abogada de Karisma.

WhatsApp, Facebook y el negocio de los datos

En 2012 WhatsApp actualizó su política de privacidad para enfatizar en que no se recolectarían datos distintos al número de celular y que la información no se usaría para fines comerciales y de mercadeo sin consentimiento. Esto daba la tranquilidad de que se trataba de un servicio respetuoso de la privacidad.

En febrero de 2014 Facebook pagó 19.300 millones de dólares por WhatsApp, con promesas públicas por parte de Mark Zuckerberg y Jan Koum, cofundador del servicio de mensajería, en el sentido de que no cambiarían la forma en que se usaban los datos y que WhatsApp conservaría su autonomía.

Sin embargo, dos años después, esas promesas se desecharon, pues en agosto de 2016 WhatsApp actualizó sus políticas para empezar a compartir datos con Facebook: “Y al conectar tu número con los sistemas de Facebook, este podrá ofrecerte mejores sugerencias de amistades y mostrarte anuncios que te resulten relevantes”, informó la compañía entonces.

Este cambio se hizo para hacer rentable a WhatsApp, pues “era un servicio insostenible”: “Gratuito y demandante de recursos, para hacer posible su funcionamiento la plata tenía que venir de algún lado”, señaló la abogada Camacho.

Finalmente, la última actualización de las políticas del servicio se anunció en enero de este año y empezó a regir desde el pasado 15 de mayo. La decisión implica una mayor recolección de metadatos para fortalecer WhatsApp Business y, de esa forma, que las empresas puedan perfilar mejor a sus potenciales clientes.

“(…) percibimos una exagerada vigilancia que luego puede ser aprovechada por otros actores, como la policía”, advirtió Carolina Botero, directora de la fundación Karisma, en una nota publicada en enero de este año.

Y el intermediario en las comunicaciones que las empresas tengan con los usuarios a través de WhatsApp Business es Facebook, según lo indica la abogada Camacho.

En enero de este año, cuando WhatsApp anunció el cambio de sus políticas, la SIC le envió un cuestionario para verificar si cumpliría la regulación. Esa investigación, justamente, fue la que derivó en la orden que la superintendencia emitió esta semana. Ahora, lo que se viene es esperar las medidas que se implementarán para que la compañía se ajuste a las exigencias colombianas.

“Hay que poder confiar y, en todo caso, ser conscientes de los retos que vienen adelante”, dijo Camacho.

Foto de la nota: www.flickr.com/photos/microsiervos/

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