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Cada cuatro años, la victoria en las elecciones presidenciales implica, necesariamente, que los viejos inquilinos de la Casa de Nariño tengan que abandonarla, incluida la Casa Privada, para que sea ocupada por el nuevo mandatario y su familia.

Este proceso, casi siempre, genera polémicas frente a lo que unos dejaron y lo que otros reciben, pues a pesar de ser una casa oficial, cada uno, en especial la primera dama, le da su toque familiar.

La polémica ahora la enfrenta Gustavo Petro, por la compra de un televisor de 82 pulgadas, electrodomésticos, lámparas, plumones y sábanas por 173.084.200 de pesos, justo por parte de un gobierno que prometió el cambio y que ha impartido instrucciones de austeridad, reducir el gasto y controlar los derechos.

Que el cambio de inquilinos implique necesariamente dotar la casa con nuevos colchones, sábanas, cobijas y elementos de uso diario y familiar es algo normal. Lo que ha generado malestar es que se haga con derroche, como el comprar un televisor de 82 pulgadas, con tecnología 8K, pues con uno de 6 millones hubiera sido más que suficiente.

Sin embargo, este tipo de excesos no son nuevos. Cada cuatro años o menos, se presentan con diferentes elementos y valores.

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Juan Manuel Santos también estuvo en varios. La más mediática fue la del contrato para adquirir 400 cajas de almendras especiales, a la fábrica de chocolates Triunfo por 15.101.200 de pesos, cada una a 37.000 pesos, para ser entregadas a las delegaciones diplomáticas o visitantes ilustres de palacio.

El valor se justificó porque cada caja debía estar “forrada con papel regalo importado color dorado, material papel kraft, con peso de 65 gramos. La tapa de la caja deberá tener tanto al interior como al exterior papel neutro, libre de acidez y de bajo impacto ambiental y acabado en lienzo color blanco de 120 gr 2xO de alta receptividad a tintas litográficas.  escudo de Colombia de 2 cm. color sepia y texto gris oscuro letra Mona Lisa a 18 puntos y la frase Presidencia de la República de Colombia; con almendras de colores de la bandera de Colombia”.

Así como Mauricio Lizcano, actual director administrativo de la Presidencia, salió a defender las compras, esa misma dependencia justificó las almendras de Santos, argumentando que para “llevar a cabo las acciones necesarias para la ejecución de actividades protocolarias inherentes a dichas funciones, con el fin de organizar y coordinar los eventos que debe atender el Primer Mandatario y disponer lo necesario para la eficiente y armónica acción de las referidas actividades protocolarias”.

Semanas antes, Santos había anunciado su política de “Austeridad inteligente”, con el propósito de reducir, a lo mínimo, los gastos de administración y funcionamiento de las entidades del Estado. Parecido al anunció que hizo Petro, pero también Iván Duque, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana o Ernesto Samper en su momento.

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Santos también tuvo que enfrentar el rechazo que generó el gasto de 602 millones de pesos para las cortinas de la Casa de Nariño, firmado entre el Dapre y la empresa Rhodes y Cappa.

La Casa de Nariño dijo que la inversión se justificaba por el deterioro de las actuales cortinas, que afectan la imagen que exigen las relaciones diplomáticas y comerciales con otros países.

Tampoco han estado exentos de polémicas y debates otros presidentes como Andrés Pastrana y su esposa, Nohora Puyana, quienes hicieron una importante remodelación tras recibir la Casa Privada, compuesta de cuatro alcobas, comedor, estudio y sala. A su vez, Ernesto Samper y su esposa, Jacquin Strouss, tuvieron que hacerle remodelaciones a la casa que habían ocupado César Gaviria con su familia e hijos pequeños. Además de los costos, las críticas por gustos y decoración también hacen parte de este debate.

¿Por qué tanta polémica por las ‘compritas’ de Petro?

Primero, porque Petro llegó a la Presidencia con la bandera del cambio, de no hacer lo mismo que sus antecesores, pero dentro de la realpolitik de tener que conformar una coalición de gobierno, lógicamente ha terminado cediendo a prácticas que no se pensaba iba a hacer, como aliarse con los partidos tradicionales que apoyaron a Uribe o Duque.

Esto también se ha visto en la entrega de ministerios y entidades a miembros de esos y otros partidos, que tiene incómodos a parte de las bases, incluidos antiguos miembros del M-19. Para los más fundamentalistas, el cambio aún no ha ocurrido.

Lo segundo es que está viva la noticia y debate de la semana pasada por los 63 millones de pesos que le costó al erario el periplo de su esposa, la primera dama, Verónica Alcocer, por Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Sin contar lo de sus acompañantes, su asesora Eva Ferrer, el fotógrafo Mauricio Vélez, el estilista Fady Flórez y Carolina Plata, que, supuestamente, fueron pagados por la fundación Colombia Humana.

Qué haya sido ella, en vez del Canciller Álvaro Leyva o la vicepresidenta, Francia Márquez, generó molestias, y algunos se preguntaron si, para ahorrarse esa ‘platica’, no era mejor haber designado a los embajadores en esos países.

De hecho, otras primeras damas también han sido objeto de debates públicos, como le ocurrió a María Juliana Ruiz, esposa de Iván Duque, quien, además de haber usado aeronaves de las Fuerzas Armadas para hacer viajes internacionales, estuvo en el ojo del huracán por llevar a varios amigos de sus hijos a un parque en el Eje Cafetero.

Y un tercer aspecto se centra en la coherencia que piden los seguidores entre lo que se piensa y hace. “Si en las campañas para Senado y a la Presidencia se habló de reducir el salario de los parlamentarios, del uso excesivo de carros, choferes, escoltas y gastos burgueses, no se entiende que Petro y su familia lo contradigan con sus acciones. Al ser un gobierno de cambio, lo tiene que mostrar con hechos y tener máximo cuidado, pues estos dos casos muestran que van a estar en permanente escarnio público, tanto por enemigos como seguidores”.

Ahora bien, que se requieran cambios de utensilios y reparaciones es algo válido, lo que indigna a muchos seguidores de Petro son los tamaños, precios y tipo de productos que se escogieron, como dirían algunos, de altísima gama. Más aún cuando la mayoría de colombianos quiere ver una reducción de los beneficios que tienen cientos de servidores públicos y sus familias. En eso, el gobierno del cambio tiene que marcar una diferencia.

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