¿Paz total?

La “paz total” suena bien. Porque cuánto diéramos los colombianos por no haber padecido tantas violencias políticas, empezando por las de los liberales y los conservadores en los siglos XIX y XX. Y que desde los años sesenta del siglo XX suframos por las violencias ‘de izquierda’ que, en Colombia y en otros países, en un error garrafal, intentaron copiar el alzamiento armado de Fidel Castro en Cuba. Pero en aras de la verdad también debe decirse que otros sectores ‘de izquierda’ nunca han usado la violencia para promover sus puntos de vista.

Tan estériles han sido los errores cometidos con estas violencias –antes y después de la Constitución de 1991–, que suelo repetir la conclusión del padre Francisco de Roux como la mejor conclusión de este dolorosísimo drama que aún no termina: una violencia que “no mejoró nada y lo empeoró todo”. Y que el Estado –dicen los hechos– nunca pudo terminar.

Bienvenido entonces el acuerdo que terminó con la violencia liberal-conservadora, los pactos con el M-19 y con otros sectores, y con las Farc, porque sus renuncias a la lucha armada redujeron la violencia y condenaron como equivocada la táctica de la combinación de todas las formas –legales e ilegales– de lucha política, como manera darles solución a las lamentables condiciones de vida del pueblo colombiano.

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Bienvenido entonces el acuerdo que terminó con la violencia liberal-conservadora. Y los pactos con el M-19, con otros sectores y con las Farc, porque sus renuncias a la lucha armada redujeron la violencia y condenaron como equivocada la táctica de la combinación de todas las formas de lucha política –legales e ilegales–, como manera darles solución a las lamentables condiciones de vida del pueblo colombiano.

Y bienvenida la ‘paz total’, proceso más complejo que los anteriores por aquello de lo “total”, que implica acabar con tres violencias: la del ELN, la de los exmilitantes de las Farc que siguen en el monte porque no aceptaron los acuerdos o los incumplieron; y la de los delincuentes comunes, exclusiva o principalmente narcotraficantes.

Con mirada optimista, aunque creo que no será fácil, veo factible un acuerdo de paz con el ELN, semejante al de las Farc. Aunque tiene mayores complejidades –por algunos ya señaladas–, también pueden salirse de la violencia los ex Farc que aun empuñan las armas. Pues, aunque suene simple, esas paces son irreversibles si el Estado y cada grupo ilegal se deciden, pactan y cumplen los acuerdos.

La opinión de Jorge Robledo sobre la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro

La paz que veo imposible es la del narcotráfico. Pero no porque no pueda llegarse a acuerdos con quienes controlan ese negocio, así sean más complejos. Sino porque, aunque todos ellos se acuerden con el Gobierno –posibilidad que insisto en observar viable–, no hay manera de impedir que otros narcotraficantes reemplacen a los actuales, empujados por un negocio descomunal, del orden de diez mil millones de dólares al año en Colombia, capaz de corromperlo casi todo, en negocios privados, la política y el Estado.

Este lío nos lleva entonces a debatir sobre cómo acabar con el supernegocio del narcotráfico, solución que exige alguna forma de legalización del consumo, el comercio y la producción, verdad que nadie puede entender mejor que Estados Unidos. Porque, en 1920, ese país prohibió la fabricación, transporte y venta de las bebidas alcohólicas, medida absurda que disparó el contrabando de los licores, la corrupción y la violencia –con las inmensas ganancias propias del delito–, horrores que inmortalizaron los Al Capone de las películas y que terminaron en 1933, una vez los gobernantes, retornando a la sensatez, derogaron la prohibición.

La gran traba reside en que la única solución posible no le interesa al gobierno de Estados Unidos, país que gana de varias maneras con lo que ocurre: el negocio es inmenso porque es ilegal y allá se queda lo principal de las ganancias, sus políticos engatusan electores con el eterno debate del sí y el no y la prohibición y el crimen le justifican intervenir en otros países.

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Salvemos a Gorgona

En Colombia está a punto de ocurrir algo que nos avergonzará ante el mundo civilizado porque jamás podría suceder en un país que funcione con un mínimo de respeto por las áreas naturales protegidas.

Destructiva demagogia ambientalista

“Si no fuera tan pernicioso para Colombia tan notable desenfoque, no valdría la pena ni comentarlo. Porque, a pesar de que Petro lleva años engatusando electores con la demagogia de su infantilismo ambientalista, nunca ha hecho una explicación amplia de sus ideas”: Jorge Robledo

A reducir las tarifas

No se recuerda en Colombia una molestia más extendida que la del Caribe. Reclaman las organizaciones sociales —por norma, las primeras en hacerlo—, pero también los alcaldes de las capitales, las cámaras de comercio, los comités intergremiales, los obispos, los especialistas, los medios de comunicación y casi todos los sectores políticos.

Es natural tanta coincidencia. Porque los irrita que, por el plan de desarrollo de Duque (2019), las facturas de la electricidad se encarecieran, además de la inflación, en 46 por ciento, duro cambio que aumenta el hambre de los hambreados, empobrece más a los empobrecidos, arrincona a las clases medias y desestimula y hasta quiebra los negocios, al punto de que se habla de abandonar la región.

La molestia aumenta porque cada vez más costeños se enteran de que las tarifas deben subir otro 42 por ciento real –hasta el 88 por ciento–, bastante más que el aumento del ingreso de las familias.

También genera rechazo que lo acordado entre la ministra Irene Vélez y las empresas que facturan esté muy lejos de las exigencias de los usuarios. Porque las rebajas serán muy inferiores, del orden de 5,6 por ciento, y solo por noviembre y diciembre. Cuán poco justo le resultó al Gobierno del “cambio” el llamado “pacto por la justicia tarifaria”, acuerdo que ni les consultaron a los paganinis.

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reforma tributaria de Petro 2022 tarifas
El presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. | Foto: Ministerio de Hacienda.

Le suma bastante a la inconformidad que en el nuevo Gobierno sigan siendo secretos los contratos que usó Iván Duque para dividir a Electricaribe entre Air-e y Afinia. Porque Duque fue incapaz de darle la cara al país luego de autorizar actos tan abusivos como que Air-e pagara —y parecido sucedió con Afinia— 285 mil millones de pesos por su parte de Electricaribe, pero que le otorgara el derecho a hacer ganancias sobre $2,4 billones, y con la alta tasa del 12,09 por ciento, regalándole utilidades exorbitantes.

Por razones obvias, molesta mucho que les sigan cobrando la electricidad que a las empresas se les pierde de sus redes, y falta que se enteren de que la reforma tributaria presiona nuevas alzas por la sobretasa de tres por ciento al impuesto de renta de la generación hidráulica.

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Se repudia todavía más que este Gobierno esté usando las mismas normas de Duque para fijar las tarifas de Air-e y Afinia, aunque el artículo 126 de la Ley 142 lo autoriza a cambiarlas. Porque, demagogias aparte, esa es la única solución verdadera a unos abusos que hacen parte de unos contratos leoninos diseñados sin ninguna consideración por la ciudadanía.

Para completar, en días pasados, el presidente Petro habló largo en Barranquilla y fue notorio que evadió tratar en serio un problema grave que está empeorando. Pero sí sacó aplausos insinuando que a punta de sol le daría una solución mágica.

Es deber entonces decir que Colombia puede y debe avanzar en energía solar. Pero también, que no hay ninguna posibilidad de que el problema tarifario actual del Caribe se resuelva solo así. Porque pasará mucho tiempo antes de que se le pueda instalar energía solar a todos sus habitantes y porque, por distintas razones, esa electricidad no cubrirá el cien por ciento de las necesidades, lo que impedirá que los usuarios puedan desconectarse de la energía tradicional y de las facturas de Air-e y Afinia.

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“Que no resulte que una falsa defensa del medio ambiente haya levantado una ola antipetrolera y anti Ecopetrol tan fuerte que le abra paso al objetivo privatizador”: Jorge Robledo.

Los impuestos de las pymes deben reducirse

De candidato, Gustavo Petro les prometió a los pequeños y medianos empresarios que sus tasas de impuesto de renta serían inferiores, pero al final el presidente del “cambio” opuso incluirlo en la reforma tributaria.

A propósito de un discurso

En su columna de esta semana, Jorge Robledo cuestiona algunos puntos clave del discurso de Gustavo Petro en la ONU.

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